El pasado jueves, 15 de abril, fue presentada ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria, denominada "Ley de Solidaridad Sostenible", con la cual el Gobierno Nacional pretende recaudar 23,4 billones de pesos.
El proyecto busca hacer frente a la crisis monetaria que Colombia afronta en la actualidad a causa del coronavirus. A pesar de esto, el proceso de aprobación de la reforma genera un fuerte debate entre diferentes sectores, donde, además, se destaca la puja política que está en juego de cara a las próximas elecciones de Senado y Cámara de Representantes.
Son varios puntos los que crean polémica al interior de la sociedad y los partidos políticos, entre ellos, el hecho de gravar con el 19% de IVA los servicios públicos domiciliarios (energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario) para los estratos 4, 5 y 6, además, la implementación del mismo impuesto para el servicio de internet a partir del estrato 3. También sería gravada con IVA la gasolina, subiendo considerablemente el precio de cada galón de este combustible.
Junto a los servicios públicos, MinHacienda propone que productos como atunes, sacos y talegas, ladrillos para construcción, bicicletas, motos eléctricas, patines, monopatines y patinetas, servicios culturales o diversión, loterías, espectáculos deportivos, servicios funerarios, mensajería, cirugías estéticas y tratamientos de belleza pasen de tener un 0% a un 19% de IVA.
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La iniciativa del Ministerio de Hacienda busca que, a partir de 2022, quienes ganen más de 2,4 millones de pesos mensuales deban declarar impuesto de renta y que, para 2023, los ciudadanos con ingresos superiores a 1,624 millones también tengan que pagar el impuesto, una medida rechazada por los sindicatos. “El ingreso medio en Colombia es $1,2 millones, el promedio (mediana) llega a $1,7 millones, este no es un país muy pudiente y no estamos tocando esa parte”, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, por su parte, también serán gravadas, aunque solo en los pagos que excedan los 58 millones de pesos anuales. Se contempla, además, realizar modificaciones en conceptos como los dividendos y el patrimonio de los colombianos.
Por otro lado, se plantea que con el alza en el recaudo de impuestos se podría mejorar el apoyo económico en los distintos programas sociales, entre ellos se destaca la creación de una exención para los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones y asuntos parafiscales, gastos que serían asumidos por el Gobierno Nacional para impulsar a empleadores de cierta población y para promover el acceso al trabajo formal.
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Asimismo, se contempla la ampliación del programa de apoyo al empleo formal (conocido por los subsidios a las nóminas) hasta junio de 2021, y la destinación de recursos para el aporte al pago parcial o total del valor de la matrícula de los estudiantes en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad en las instituciones públicas de educación superior.
El gasto público también se concentrará en programas sociales como el Ingreso Solidario -cuya inversión pretende aproximarse a los 4,6 billones de pesos- y la compensación del IVA, que costará 1,8 billones de pesos. Adicionalmente, la reforma plantea que el día sin IVA se desarrolle nuevamente tres veces este año y otras tres en el primer semestre de 2022, año en que el presidente Iván Duque deja su cargo.
Como producto del rechazo de la oposición y los sectores obreros, la Central Unitaria de Trabajadores y buena parte de la ciudadanía han convocado a un paro nacional el próximo 28 de abril, el cual se pronuncia en contra del denominado "Paquetazo de Duque", movilización que preocupa al sector salud, pues para esas fechas se espera que el tercer pico de la pandemia esté en su punto más alto.
