Tras varios meses de estudio y análisis interinstitucional, la Fiscalía General de la Nación emitió la Directiva 0001 de 2024, en respuesta a una solicitud formal del Ministerio de Justicia y del Derecho realizada a fines de abril. Esta directiva establece criterios orientadores para fiscales e investigadores encargados de abordar eventos relacionados con la protesta social.
El documento recoge los principios fundamentales para la investigación y judicialización de quienes cometen delitos que afectan el derecho a la protesta, así como de aquellas personas que recurren a la violencia, desbordando los límites de la expresión social.
“Este marco de acción se basa en la normatividad vigente y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de las Naciones Unidas”, explicaron desde la institución.
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Esta directiva, según explicaron desde la Fiscalía, es una herramienta clave para los funcionarios de la entidad, ya que define el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en protestas sociales pacíficas.
Además, establece las competencias de los funcionarios y los protocolos a seguir en caso de conductas delictivas durante las manifestaciones. La Fiscalía hace hincapié en la importancia de tomar decisiones libres de prejuicios y discriminación, brindando especial protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Entre las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta, la directiva menciona la obstrucción de vías, la perturbación del servicio de transporte público, la violencia contra servidores públicos, el daño en bienes ajenos y la asonada. También aborda las formas de participación en este tipo de actos y diferencia conceptos como la coautoría y el concierto para delinquir.
“La Fiscalía distingue entre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social pacífica, protegido por la Constitución, y las acciones punibles que pueden surgir en las manifestaciones. En tales casos, se compromete a ejercer la acción penal con rigor, asegurando una recolección y custodia adecuadas de las pruebas, siguiendo los principios de debida diligencia y plazo razonable, con el objetivo de desarrollar investigaciones sólidas”, expusieron.
