La Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño envió un comunicado a la opinión pública pidiendo un consejo de seguridad urgente ante el aumento de la inseguridad que vive la subregión.
La Mesa señala que la paramilitarización de las bandas criminales y delincuenciales es una condición natural que se infiltra desde un sector grande de las fuerzas militares, policiales, políticas y económicas que se han tomado conscientemente el Estado para cooptarlo y hacer de este un “zombi” que solo funcione para ellos.
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Expresan que “pasamos a la actitud negacionista que acompañó a la institucionalidad del Oriente Antioqueño, reiterando que ‘Aquí no pasa nada’, mientras los asesinatos se suceden a los 23 municipios del Oriente de Antioquia”.
Por lo anterior, piden la realización urgente de un Consejo de Seguridad Humana para el Oriente de Antioquia. “Sentimos una fuerte sensación de impotencia y una rabia contenida por la advertida crisis humanitaria que se ha tomado el territorio, manifiesta no solo en la masacre de nuestros jóvenes”, asevera la Mesa de DD. HH.
Además, dice el comunicado que los temas de falta de oportunidades, la siembra en la cultura de la mentalidad de ver en el otro al amigo o al enemigo, según las diferencias ideológicas que con él se tenga, el dolor no elaborado por las pérdidas humanas en las familias producto de las ondas de la guerra de finales de los noventa y comienzos del dos mil, el consumo de sustancias prohibidas y demás tipo de aberraciones sociales que circundan, como la desaparición forzada de personas y la corrupción que campea por oficinas y centros de poder, se convierten un paquete de cosas a estudiar y con las mismas comunidades encontrarles respuestas.
Ante este escenario evidencian que existe una responsabilidad de todas y cada una de las instituciones gubernamentales y la fuerza pública, que no respondieron con rigor ni responsabilidad a la obligación de atender los diferentes llamados de la sociedad civil.
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Ante la crítica situación de los municipios de las zonas de Páramo y de Bosques, que no es para nada distinta de la situación de las zonas de Embalses y de Altiplano, no hemos visto un cumplimiento responsable de los planes de prevención y protección para las comunidades, lo que ha permitido ahondar diversas violaciones a los derechos humanos
expresa la Mesa.
El comunicado hace hincapié en que se requiere de políticas acertadas que nos permitan fortalecer las familias y acompañar a los jóvenes atendiendo las necesidades más básicas y humanitarias.
Finalmente, se pide “que se atiendan los reclamos de la sociedad civil con la mejor disposición hacia la verdadera acción en humanidad y derechos, para construir soluciones con el Estado”.
