Desde hace varios días la Alcaldía de Medellín adelanta acciones contra predios cuya construcción se considera irregular.
Con banderas de Colombia y de Antioquia, decenas de ciudadanos del corregimiento Santa Elena amanecieron este lunes en resistencia pacífica en una de las viviendas de la zona, con el fin de evitar su demolición notificada desde hace varios días por la administración distrital.
Se trata de una construcción ubicada en la vereda Barro Blanco, sector El Rosario, que de acuerdo a la Alcaldía, junto con por lo menos otros 476 predios sobre los que persisten procesos similares activos, presenta irregularidades en sus permisos de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1801 de 2016.
Según la concejala de Medellín Dora Saldarriaga, todos estos predios hacen parte de años de desinterés de las administraciones municipales por establecer criterios claros de construcción y en general de planificación del territorio, desconociendo a su vez criterios ambientales y realidades propias de uno de los territorios que ha registrado mayor crecimiento poblacional en los últimos años.
Es noticia: Más de cien víctimas de “falsos positivos” entregaron sus observaciones a la JEP en Granada
Ya nueve viviendas han sido demolidas, y ahora, con diferentes movilizaciones, la comunidad hace un llamado al diálogo para que se detengan las acciones en contra de lo que tanto trabajo les ha costado desarrollar.
Para tal fin, y en cabeza de la concejala Saldarriaga, se ha invitado a sesionar a los diferentes actores involucrados en la problemática en una mesa de concertación con el fin de encontrar salidas conjuntas a las diferencias.
En este sentido, a través de una carta dirigida a la Secretaría de Gobierno de Medellín, se solicitó que esta mesa pueda tener una segunda sesión el próximo 7 de junio, pero, entretanto, se aplacen los procesos de demolición hasta tanto no se agoten las vías de diálogo y se realice un estudio detallado del territorio para conocer sus usos, así como las posibilidades y situación jurídica de las diferentes construcciones.
Mientras propietarios afectados aseguran que sus casas cumplen con todos los requisitos ambientales, pagan impuesto predial, cuentan con conexión al acueducto veredal y además EPM suministra los demás servicios públicos, las autoridades han mantenido una posición clara con respecto al cumplimiento de las normas.
En reiteradas oportunidades, Eliana Gómez, corregidora de Santa Elena, ha aclarado que los casi 500 procesos abiertos con este tema en el territorio no significan necesariamente la demolición de los predios, sino un estudio claro sobre su regularidad e incluso la posibilidad de legalizarlos ante una curaduría.
