La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, señalado de haber cometido abusos sexuales contra varias estudiantes. Esta acción es producto de un fallo de la Corte Constitucional del 2025 que ordenó a la Procuraduría adelantar la investigación de este caso con enfoque de género, sin revictimización y sin dilaciones injustificadas.
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El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, explicó que la Procuraduría asumió el compromiso de adelantar el proceso garantizando la protección de las denunciantes y el respeto por sus derechos. «Los profesores de universidades y colegios públicos son autoridades públicas y sabemos que esto está ocurriendo. Abusos, acosos sexuales en las universidades, en los colegios. Aquí estamos dispuestos a escuchar sus denuncias», aseguró.
Antecedentes
En el 2025, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por cuatro estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes cuestionaron la demora y el traslado reiterado del expediente entre distintas dependencias de la Procuraduría. Según la Corte, estas actuaciones generaron un fenómeno de «peregrinaje institucional», al imponer cargas desproporcionadas a las víctimas y aumentar el riesgo de revictimización.
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En su decisión, la Corte advirtió que la violencia institucional, ejercida cuando agentes del Estado dificultan el acceso efectivo a la justicia, constituye una forma de violencia contra la mujer. Por ello, el alto tribunal le había ordenado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos continuar el proceso disciplinario, adoptar una decisión de fondo e informar oportunamente a las víctimas sobre las actuaciones adelantadas.
El procurador delegado reiteró que los docentes de universidades y colegios públicos son considerados autoridades públicas y que existen denuncias recurrentes por abusos y acosos sexuales en estos entornos. Finalmente, solicitó a las víctimas para que denuncien estos hechos, garantizando confidencialidad, acompañamiento institucional y sanción a los responsables.
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