El Juzgado 30 Penal del circuito con función de conocimiento ratificó en segunda instancia la sentencia de tutela que ordena a la Alcaldía de Medellín proteger el derecho fundamental de petición del representante a la Cámara Alejandro Toro, quien solicitó información sobre los 501 hallazgos reportados por Federico Gutiérrez sobre la administración de Daniel Quintero.
La controversia jurídica comenzó cuando Toro le pidió a la Alcaldía el informe completo de auditoría forense y los traslados correspondientes a los organismos de control. La administración respondió que los hallazgos de presunta corrupción eran de carácter reservado, negando así el acceso a los documentos solicitados.
Ante esta respuesta, el congresista Alejandro Toro presentó una acción de tutela argumentando la violación de su derecho de petición. El Juzgado 19 Penal municipal de Medellín falló a su favor, indicando que, aunque se le dio una respuesta oportuna, esta no resolvió el fondo del asunto, ya que se limitó a informar que no era posible acceder al documento solicitado.
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La sentencia inicial ordenaba a la Alcaldía de Medellín responder de manera clara y de fondo en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la administración impugnó el fallo, reiterando que los documentos solicitados eran reservados y que su divulgación podría comprometer la integridad de las personas involucradas y la efectividad de las investigaciones en curso.
En segunda instancia, el Juzgado 30 Penal confirmó la sentencia, argumentando que las normativas citadas por la Alcaldía eran “vagas o genéricas” y no explicaban explícitamente por qué la información solicitada estaba protegida por reserva legal. El fallo subrayó que la administración debía especificar los motivos concretos que justificaban la reserva de la información.
Al momento de exponerse la argumentación respecto de la negativa a suministrar la información que se dice está cobijada por reserva legal, no revela motivadamente la Alcaldía de Medellín por qué esto es así
se lee en la sentencia.
El juzgado señaló que la administración debía indicar claramente los tipos de actuaciones encontradas y los datos que podrían afectar las investigaciones de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
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