De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la firma adjudicataria del contrato de concesión es una empresa mexicana con amplia experiencia en este tipo de proyectos carcelarios, tendrá dos años para la definición de diseños y construcción de la nueva cárcel y, posteriormente, asumirá la operación de la logística y el mantenimiento de la infraestructura por quince años.
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Medellín será la primera ciudad de Colombia en la que se construya y opere un centro carcelario mediante el modelo de APP (Alianza Público Privada), con la Cárcel Metropolitana para Sindicados.
“Son tres excelentes noticias las que hoy se entregan, no solamente al distrito de Medellín, sino al país. Primero, la solución del problema penitenciario y carcelario. Segundo, la obediencia a la sentencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema sobre el estado inconstitucional de cosas por el personal privado de la libertad en Medellín. Y la tercera, que Colombia ya cuenta con una entidad de la administración distrital, de la Alcaldía de Medellín específicamente, especializada en la estructuración de proyectos de factibilidad de concesiones vía APP. Esta es otra forma de construir la Medellín Futuro”, dijo el director de la agencia APP, Rodrigo Foronda Morales.
Y agregaron que “con esta iniciativa se busca dignificar las condiciones de la población sindicada privada de la libertad, ofrecer atención y acompañamiento psicosocial y descongestionar el sistema carcelario. Además, se cumple con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que obligan a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio de estas características para cumplir con la ley”.
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¿Dónde estará ubicada la Cárcel Metropolitana de Medellín?
La nueva cárcel estará ubicada en San Cristóbal, tendrá una capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad y se construirá con estándares técnicos y de seguridad de última generación, con lo que se espera reducir el hacinamiento en lugares de paso como estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, que se calcula en un 218 %, según cifras de la Personería de Medellín.
La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas es la entidad responsable de la estructuración completa del proyecto con un equipo “in house” que no requirió acompañamiento externo.
Los estudios de factibilidad se tasaron en $2.717 millones, mientras que en el mercado una consultoría similar puede costar más $4.500 millones, lo que se traduce en una eficiencia del 66 %
detallaron.
