El Gobierno de Gustavo Petro y varios alcaldes del país vuelven a estar enfrentados, esta vez por un tema internacional, el de la certificación antidrogas por parte de Estados Unidos.
Según los mandatarios de Medellín, Federico Gutiérrez; de Bogotá, Carlos Fernando Galán; de Cali, Alejandro Éder; de Cartagena, Dumek Turbay, entre otros, pretenden viajar a Washington como mediadores para que EE. UU. no retire la certificación antidrogas a Colombia.
El contexto de esta mediación es que la Casa Blanca debe decidir este mes si continúa brindando el multimillonario apoyo que entrega a las fuerzas militares colombianas para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la tensión entre los Gobiernos de Trump y Petro por la presencia militar estadounidense en las costas de Venezuela deja un manto de duda sobre la decisión en esta materia.
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El presidente Gustavo Petro dijo esta semana que “La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional. El Gobierno de EE. UU. si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”.
El jefe de Estado también cuestionó el viaje que pretender realizar los alcaldes de varias ciudades del país. Dijo que “no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”.
Además, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado cuestionando a los mandatarios locales: “Es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas y politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al Gobierno por encima del interés nacional”.
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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que viajará pero no para ser portavoz del Gobierno nacional, aunque reconoció que sí le parece muy preocupante el tema de la certificación antidrogas: “Viajo a Washington en calidad de alcalde de Medellín, no voy a hablar por el Gobierno nacional, sino por nuestra ciudad, nuestra gente, nuestra economía y nuestra seguridad. No es nuestra función intervenir en temas como la certificación o descertificación en la lucha contra las drogas. Esa es una decisión que compete exclusivamente a los gobiernos nacionales de Colombia y de Estados Unidos”.
Y agregó que: “Ahora bien, las políticas equivocadas del actual Gobierno nacional sí han encendido las alarmas, y han hecho que una muy posible descertificación sea una preocupación real. ¿Qué implicaría esto? Sanciones económicas, menor apoyo a nuestra Policía y Ejército, y un impacto directo en la seguridad ciudadana y en el empleo”.
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