Una nueva jornada de protestas se registró desde la noche del viernes 1 de agosto en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del peaje de El Santuario, donde transportadores levantaron las talanqueras como forma de exigir una pronta intervención del Instituto Nacional de Vías (Invías) frente al deterioro del corredor entre El Santuario y Caño Alegre, uno de los más accidentados del país, según los manifestantes.
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La molestia se centra en la terminación del contrato de Gestión Vial Integral (GVI) para la asistencia y mantenimiento de ese tramo, lo que, según los voceros de los transportadores, implica la suspensión de servicios vitales como ambulancia, grúa y los frentes de mantenimiento. “Nos están dejando a la intemperie, en una de las vías más peligrosas de Colombia”, expresó uno de los manifestantes.
En paralelo, el Instituto Nacional de Vías emitió un comunicado oficial el 2 de agosto en el que rechaza las vías de hecho registradas en el peaje de Puerto Triunfo, Antioquia, donde se habrían levantado talanqueras, bloqueado carriles y desconectado equipos de vigilancia. La entidad aseguró que este tipo de acciones afectan la movilidad y desconocen los acuerdos logrados previamente con la comunidad.
No obstante, tanto manifestantes como el jefe de peaje de Puerto Triunfo desmintieron estas acusaciones. “Eso que dice el comunicado es completamente falso. No hubo afectaciones ni al personal ni a la infraestructura. Fue una marcha pacífica”, aseguró el encargado del peaje.
El Invías informó que actualmente se adelanta una licitación por más de $25.000 millones de pesos para intervenir integralmente este y otros corredores viales en Antioquia, y que mientras se adjudica el contrato, se prorrogó por un mes el actual convenio de mantenimiento. Cerca de $15.000 millones serán invertidos en el tramo Santuario – Caño Alegre, según la entidad.
El Instituto reiteró su disposición al diálogo y pidió a la comunidad permitir la operación normal de los peajes mientras se avanza en soluciones estructurales, aunque algunos sectores aún están inconformes, pues argumentan que las medidas tomadas hasta ahora no garantizan condiciones mínimas de seguridad vial.
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