La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 11 años a Samuel Roberto Vásquez Arias, quien se desempeñó como director administrativo y financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia entre 2021 y 2022. La decisión se tomó después de comprobarse que Vásquez Arias ejerció funciones públicas a pesar de estar inhabilitado debido a un fallo de responsabilidad fiscal.
La Procuraduría demostró que Vásquez Arias, mientras era miembro principal de la junta, fue notificado de dos sanciones fiscales emitidas por la Contraloría General de la República en su contra, las cuales quedaron ejecutoriadas en 2021. A pesar de esto, no se apartó de su cargo como le correspondía.
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El organismo disciplinario consideró que el implicado “desatendió sus deberes funcionales” al no informar a su nominador sobre las decisiones del ente fiscal, que le impedían ocupar cargos públicos. Este comportamiento fue calificado como una falta gravísima a título de dolo, ya que, pese a ser un profesional del derecho y conocer su inhabilidad, decidió guardar silencio y continuar ejerciendo su cargo.
En su fallo de primera instancia, la Procuraduría subrayó la importancia de la moralidad y la buena fe en las actuaciones administrativas, destacando que estos principios no solo implican un manejo adecuado de los recursos públicos, sino que se extienden a todos los actos inherentes al ejercicio de la función pública.
Esta decisión aún es susceptible de apelación.
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