Durante la anterior gobernación de Luis Alfredo Ramos, en 2011, la sociedad Hidroituango y EPM firmaron el llamado contrato BOOMT, denominado así por sus siglas en inglés que significan construir, operar, poseer, mantener y transferir.
Dicho contrato se firmó por un plazo de 50 años, es decir, hasta 2061. Hasta ese año EPM es la encargada de la operación de Hidroituango, pese a que la Gobernación y el Idea son los socios mayoritarios del proyecto.
El contrato tiene varias cláusulas, algunas de las cuales habrían sido incumplidas por EPM debido a las fallas que impidieron que la hidroeléctrica entrara en operación en 2018.
Ese incumplimiento hoy tiene enfrentados a EPM y a la Gobernación en un Tribunal de Arbitramento, en el cual la sociedad Hidroituango le reclama más de 3 billones de pesos a EPM por la energía que se dejó de generar por las demoras.
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Lo que este lunes propuso el gobernador Aníbal Gaviria es que EPM cancele, 38 años antes, el contrato de operación, para que así el proyecto pase a un control total de la Gobernación y el Idea.
El beneficio para EPM es que la Gobernación desistiría de la millonaria demanda contra la empresa de servicios públicos.
En una carta de cuatro páginas, Gaviria Correa le propone a la gerencia de EPM y a la junta directiva que lleguen al acuerdo planteado para así resolver los problemas judiciales.
Aunque EPM no ha respondido oficialmente, el alcalde Daniel Quintero, presidente de la junta directiva, publicó en Twitter: “Ojo Medellín, van por EPM”.
