Tres antiguos comandantes de estructuras y un comandante de una comisión financiera del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP fueron llamados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a reconocer en público su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio en Santander y en zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. La audiencia se realizará el 10 y el 11 de diciembre en Bucaramanga. Los imputados son Erasmo Traslaviña Benavides, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien fue conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’; y Fabio Gil Forero, quien fue conocido como ‘Norbey Narváez’.
La JEP les imputó crímenes de guerra de toma de rehenes y crímenes cometidos contra las personas secuestradas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual, y desplazamiento forzado. También se les atribuyen crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y otros crímenes contra las personas secuestradas como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, violación y violencia sexual y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
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La JEP determinó que el Bloque Magdalena Medio actuó conforme a las políticas ordenadas por el último Secretariado de las Farc-EP y ejecutó los secuestros siguiendo dos patrones criminales: financiar su organización armada y ejercer control social y territorial. Los cuatro comparecientes ya aceptaron su responsabilidad por escrito por estos hechos. En el Caso 01 de la JEP hay 4 351 víctimas acreditadas, de las cuales 189 señalan al Bloque Magdalena Medio como presunto responsable de su secuestro y de otros delitos cometidos en cautiverio. Entre ellas se cuentan 84 víctimas directas, 96 familiares y allegados, y ocho familiares de personas que permanecen desaparecidas de manera forzada.
A su vez, la Sala ha documentado 84 casos representativos que ilustran los secuestros múltiples e individuales de este bloque. De estos, 60 respondieron a estrategias de control territorial en los municipios del Magdalena Medio. Este número de este tipo de secuestros se debe a que las extintas Farc-EP intensificaron las privaciones de la libertad en medio de la confrontación con los grupos paramilitares, por sospecha de que civiles pudieran colaborar con ellos o con la fuerza pública.
Dentro de los hechos atribuidos al antiguo Bloque Magdalena Medio, la magistratura destacó los secuestros de candidatos y funcionarios ejecutados con el propósito de generar un “vacío de poder”, en el marco de la estrategia denominada “Despedida a Samper”, ordenada por el Estado Mayor Central de la extinta guerrilla, en 1997. Con esa directriz, las Farc-EP buscaban enviarle al Gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano el mensaje de que no tenía control total del territorio nacional.
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Tras esta diligencia, si los comparecientes del Bloque Magdalena Medio reconocen responsabilidad y aportan verdad completa, detallada y exhaustiva, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones. Con esta decisión, el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que es la encargada de imponer las Sanciones Propias. Si no lo hacen, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que deberá decidir si inicia un juicio adversarial, más parecido al de la justicia ordinaria, que podría conllevar cárcel.
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