Por segunda vez consecutiva, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa del gobernador electo de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, para que se revocara la medida de aseguramiento del procesado, implicado en supuestas irregularidades en la contratación pública.
Según la Corte, no se presentaron argumentos suficientes para que se revocara la medida de aseguramiento. Así las cosas, la Sala Penal confirmó la decisión que el pasado 10 de junio tomó la Sala de Primera Instancia, en la que se había certificado la privación de la libertad que ordenó la Fiscalía.
Confirmar la decisión proferida por la Sala Especial de Primera Instancia, que negó la revocatoria de la medida de aseguramiento al procesado. Informar a las partes que contra esta determinación no proceden recursos
decidió la Corte Suprema de Justicia.
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Es decir, el órgano judicial considera que no existen pruebas ni elementos fácticos para revocar la medida impuesta por la Fiscalía desde junio de 2020, levantada temporalmente en octubre de ese mismo año por orden del Tribunal Superior de Medellín, pero ordenada de nuevo en marzo de 2021 por la Fiscalía.
Con base en esta determinación, Aníbal Gaviria continuará privado de la libertad mientras se adelantan las investigaciones correspondientes al caso, por presuntas irregularidades en una contratación para obras de mantenimiento y pavimentación del tramo La Cruzada-Caucasia en la Troncal de La Paz; esto, cuando fue gobernador por primera vez, entre 2004 y 2007.
Respuesta de Aníbal Gaviria
En la mañana de hoy, 7 de septiembre, el gobernador electo de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refirió a la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: la respeta, pero no la comparte.
Insisto que soy respetuoso de las instituciones. Mis abogados agotarán los recursos jurídicos ante la Corte Suprema de Justicia para que se restituyan mis derechos y mi inocencia sea confirmada públicamente
escribió Gaviria en un comunicado de prensa que difundió por sus redes sociales.
Además, agregó que acudirá a instancias internacionales para procurar, según él, el cese de la violación a sus derechos políticos y los del electorado antioqueño.
