El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la condena al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Norberto de Jesús Isaza Guzmán, un vendedor de aguacates y frutas que fue presentado como baja en combate luego de haber sido llevado desde Medellín, con engaños, al municipio de Granada el 2 de junio del 2003, donde fue asesinado junto con otras cuatro personas el día 6 de ese mes y presentado como guerrillero de las Farc abatido en una vereda que ni siquiera existía.
La Sala Cuarta de dicho tribunal modificó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, ordenando el pago de indemnizaciones por perjuicios morales a 18 familiares, incluyendo madre, hermanos y sobrinos.
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Además, se confirmó la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial, ocurrida el 6 de julio de 2003. El Ejército Nacional lo presentó como guerrillero muerto en combate durante la Operación Marcial Norte, pero las pruebas demostraron que se trató de un montaje: la víctima fue sacada de Medellín, asesinada y vestida con prendas militares para simular un enfrentamiento en la vereda San Cosme, la cual no existe.
Además, se dispusieron medidas de reparación simbólica como una carta de disculpas firmada por altos mandos militares y su publicación en medios nacionales y locales. También se ordenó dejar constancia pública de que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado ilegal.
Según la sentencia, Norberto de Jesús Isaza Guzmán se desempeñaba vendiendo frutas y aguacates en una carretilla, cargando mercancía, barriendo locales y, en general, ayudando a los comerciantes del sector del Hueco y la Plaza Minorista de la ciudad de Medellín.
El 2 de julio de 2003, Norberto y otra persona fueron abordados por cuatro hombres en una camioneta, quienes les dijeron que necesitaban unas personas para descargar una mercancía, y estos accedieron a acompañarlos.
El ventero desapareció; no fue sino hasta el 2015 que su hija informó a sus familiares que su padre había muerto en un enfrentamiento con el Ejército Nacional, en el municipio de Granada, cuando estos supuestamente se encontraban plantando minas antipersonales en una finca ubicada en la vereda San Cosme del municipio de Granada, como parte del frente 9 de las Farc.
La familia de Norberto se desplazó a la población, donde las autoridades municipales les afirmaron que no existía una vereda llamada San Cosme en ese municipio y que dentro de sus registros no reposaba ningún reporte de enfrentamientos entre el Ejército y grupos al margen de la ley para el 6 de julio de 2003.
La Justicia Ordinaria inició las investigaciones por las irregularidades, como por ejemplo las heridas del occiso, que no coincidían con los que normalmente presenta un cuerpo sin vida después de un combate y las coordenadas de la zona donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento, que correspondían a un lugar de difícil acceso por tratarse de zona selvática, sin caminos ni viviendas.
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Por último, el demandante sostuvo que la muerte de Norberto de Jesús Isaza Guzmán se produjo con armas de dotación oficial, accionada por soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia con violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estas acciones desembocaron en un fallo de primera instancia que fue modificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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