La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP informó que 42 antiguos integrantes de la Cuarta Brigada reconocieron haber participado en el patrón macrocriminal en el que al menos 581 personas fueron asesinadas para ser presentadas como falsas bajas en combate en Antioquia. Varios de ellos reconocieron haber liderado la política de “conteo de cuerpos”, pese a conocer los riesgos comprobados que esta representaba para la población civil.
Entre ellos hay 29 oficiales, ocho suboficiales y tres soldados profesionales, además de dos civiles que integraban la red criminal encargada de reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de dinero, a los militares.
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Por otro lado, los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón manifestaron que no reconocen responsabilidad. En 2023, el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional entre 2002 y 2003; y el coronel Iván Darío Pineda, tampoco reconocieron responsabilidad, y fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Unidad de Investigación y Acusación, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser hallados culpables, se enfrentarían a una condena de hasta 20 años de cárcel.
Por su parte, los brigadieres generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo presentaron solicitudes de nulidad frente a las imputaciones. Finalmente, en el caso del teniente coronel Édgar Emilio Ávila Doria, la sala no encuentra registro de su pronunciamiento.
Los comparecientes imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en los homicidios, entre ellos 208 casos de desaparición forzada, además de ocho tentativas de asesinato. De ese total, 147 fueron perpetrados en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, y los 434 restantes, además de las ocho tentativas, ocurrieron durante el segundo periodo analizado, entre 2004 y 2007.
Antioquia concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate a nivel nacional. Se identificó que la Cuarta Brigada fue responsable del 73 % de esas muertes en el departamento entre los años 2000 y 2013.
Por último, los comparecientes que aceptaron los delitos deben asumir tres dimensiones del reconocimiento: la fáctica, que implica aceptar de forma clara, detallada y completa los hechos y su participación en ellos; la jurídica, que exige reconocer que esos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, y asumir la responsabilidad correspondiente; y la restaurativa, que requiere demostrar voluntad para contribuir a la restauración del daño causado a las víctimas.
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