En 2010, durante su primer periodo como mandatario municipal, el actual alcalde de Bello, Antioquia, Óscar Andrés Pérez Muñoz, incurrió en el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación.
Así lo estableció la condena a 10 años de cárcel impuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín contra él y el exasesor jurídico del municipio, Hans de Jesús Wagner Jaramillo.
En la misma decisión y por las mismas conductas punibles también fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión Harold de Jesús Hincapié Herrera, representante legal de la Fundación Semillas de Guadalupe.
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Según la Fiscalía, “los hechos investigados ocurrieron el 1 de octubre del año 2010, cuando Pérez Muñoz, en calidad de alcalde del municipio de Bello, celebró un contrato por valor de 180 millones de pesos con la Fundación Semillas de Guadalupe para coordinar y ejecutar el proceso electoral del Consejo Municipal de la Juventud (CMJ), hasta su conformación y posesión”.
Así, durante la ejecución del contrato en mención se cometieron, al parecer, algunas irregularidades. Por ejemplo, de acuerdo con la sentencia, la fundación contratada no tenía ni la idoneidad ni la experiencia necesarias para cumplir con el objeto del convenio; y además solo se citó a la Fundación Semillas de Guadalupe para la contratación y no hubo análisis técnico ni económico del valor del contrato. A esto se suma que las actividades y los productos contratados no se entregaron en su totalidad, y aun así, se pagaron; algunas de ellas, incluso, fueron realizadas por dependencias de la administración municipal.
Previo a la materialización de la captura del alcalde Pérez Muñoz, y para no afectar el curso continuo de la administración pública de Bello, se oficiará a la Gobernación de Antioquia para que ordene la suspensión inmediata del condenado y nombre transitoriamente en el cargo a quien lo deba reemplazar.
Contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
