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En primera instancia, expresidente y exsecretaria del Concejo de Rionegro fueron destituidos e inhabilitados por 11 años

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación sancionó, con destitución e inhabilidad general por 11 años, al presidente del Concejo de Rionegro (2012-2015), Geovanny García Martínez; y a la entonces secretaria de la corporación, Leidy Yuliana Gutiérrez Henao, por la contratación irregular del seminario Paz y Postconflicto en las Regiones, que, según el ente de control, generó detrimento patrimonial al municipio.

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  • Información de la Procuraduría señala que “se demostró que García Martínez suscribió un contrato de prestación de servicios por $30.000.000 con la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenacol), con el objeto de capacitar a funcionarios de la corporación, que incluía el alojamiento y el transporte a la isla de San Andrés, y autorizó el pago al contratista a pesar de que el objeto contractual no se ejecutó en su totalidad”.

    De igual manera, el ente de control evidenció que Gutiérrez Henao incumplió las funciones de supervisión por no exigir el cumplimiento de los servicios contratados por la entidad, a pesar de que la administración municipal canceló el valor total del contrato. En un segundo cargo, la Procuraduría General de la Nación demostró que los disciplinados faltaron a la verdad al consignar en el informe de supervisión, al igual que en las actas de liquidación y terminación que suscribieron, que el contrato se cumplió en un 100%.

    En ese orden de ideas, con esta actuación los exfuncionarios incurrieron en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, por cuanto se comprobó que los funcionarios que viajaron a la isla no recibieron ningún tipo de formación académica, pero sí se beneficiaron de los recursos del municipio, generando detrimento patrimonial.

    La Procuraduría Provincial de Rionegro calificó las faltas como gravísimas, cometidas con culpa gravísima y a título de dolo. Esta medida aún no está en firme, contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Antioquia. 

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