Debido a las dificultades en la prestación de servicios de salud en Rionegro y otras localidades del Oriente Antioqueño por parte de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Ecoopsos S. A. S., la Procuraduría General de la Nación requirió la intervención de la Superintendencia de Salud en defensa de más de 22.650 usuarios.
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El Ministerio Público conoció el incremento de las quejas y acciones constitucionales interpuestas por los usuarios en contra de la mencionada EPS, debido a los inconvenientes que a diario tienen sus afiliados por la suspensión de los servicios médicos —y teniendo en cuenta que en algunos casos solo están atendiendo urgencias vitales—, así como las dificultades con el giro de recursos hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Por tal motivo, la Procuraduría Provincial de Rionegro ofició al subgerente regional de Ecoopsos, Jair Sánchez, a quien solicitó con urgencia pagar lo adeudado a las IPS y un informe de las actuaciones iniciadas por la EPS ante la contingencia generada por el cierre de la empresa de salud; al igual que los detalles acerca de la red de atención contratada y la fecha prevista para retomar los servicios médicos de los pacientes.
“Dada la falta de respuesta por parte de la EPS en el término establecido, en comunicación dirigida al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, la Procuraduría solicitó informar las acciones que se han adelantado en el Oriente Antioqueño con Ecoopsos, para garantizar a los usuarios el acceso y goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud y la vida”, añadió la Procuraduría.
De esa manera, el ente de control señaló a las entidades requeridas que urge solucionar esta problemática originada por la falta de acceso a los servicios médicos, pues sumada a las dificultades en la entrega de autorizaciones a los usuarios de otros territorios donde tienen afiliados, genera inconvenientes entre los pacientes IPS y EPS, como ocurre en el Magdalena Medio.
