El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín falló a favor de la tutela interpuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de los 8 municipios convocados a la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, con la cual se exigía el desembolso de los dineros necesarios para dicha consulta.
La jueza Luz Murillo Henao defendió las pretensiones de los promotores naturales de la consulta popular, ratificando que los ciudadanos de Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer tienen derecho a pronunciarse en las urnas sobre el esquema asociativo.
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En el documento de 28 páginas que avala las pretensiones de la tutela, se le da un plazo de dos días al Ministerio de Hacienda para que le gire los cerca de 6 800 millones de pesos que requiere la Registraduría para dicha jornada electoral que, inicialmente, estaba programada para el 9 de noviembre.
Recordemos que el proceso cumplió con todos los procedimientos de ley para poder convocar a los ciudadanos a las urnas: hubo una firma de intención por parte del gobernador Andrés Julián Rendón y los 8 alcaldes, hubo conceptos positivos de las comisiones de ordenamiento territorial del Senado y la Cámara de Representantes, hubo concepto positivo de la Registraduría y se estaba adelantando todo el proceso de pedagogía para que los habitantes pudieran votar de manera informada.
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