La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de 23 bienes inmuebles avaluados en más de $5 000 millones de pesos, presuntamente adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo. Los predios, ubicados en Antioquia, Córdoba y Sucre, fueron afectados como parte de un proceso de extinción de dominio adelantado por una fiscalía especializada de Antioquia.
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En este departamento se identificaron 9 inmuebles distribuidos así: en Guarne, un lote en la parcelación Bosques de la Acuarela y otro lote en la parcelación Oasis de Don Diego. En Medellín 6 inmuebles compuestos por apartamentos, parqueaderos y cuartos útiles en urbanizaciones de El Poblado y La América, y en Venecia un lote rural en zona conocida como El Brasil, vereda El Líbano.
Las investigaciones señalan que los inmuebles habrían sido adquiridos con recursos de actividades ilícitas por Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, exintegrante desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y luego transferidos a su familia y a la sociedad Uribe Lopera y CIA S. A. mediante maniobras de ocultamiento como la figura de testaferros.
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Explican que Piedrahíta Sánchez fue un reconocido ganadero en Córdoba y Sucre, señalado por su presunta participación en operaciones de narcotráfico y apoyo a estructuras paramilitares en los años 80 y 90. De acuerdo con las autoridades, habría sido socio del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y fundador de la Convivir Nuevo Amanecer, desde la cual coordinaba acciones con grupos armados ilegales.
Aunque se desmovilizó en 2006, las autoridades hallaron un crecimiento patrimonial injustificado y transferencias sospechosas a su círculo familiar, con lo cual avanzaron en la misión de recuperar activos ilegales y asegurar su uso con fines sociales.
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