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Agentes educativas que se manifestaron en Rionegro fueron citadas a descargos

  • La Corporación Latina, una de las prestadoras del servicio de atención a la primera infancia en Rionegro, citó a una diligencia de descargos a 12 agentes educativas que se manifestaron pacíficamente el viernes pasado por las condiciones laborales en las que se encuentran actualmente.

    En el documento que conoció MiOriente se puede leer el día y hora en que las docentes, según la empresa, deberán justificar el incumplimiento de sus funciones por no asistir a laborar el 4 de agosto y, además, por no presentar una solicitud formalizando el cese de actividades.

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    En esa citación, con base en información de regulación laboral en Colombia, las empleadas podrán apelar las cuestiones que aparentemente no fueron consideradas por la empresa prestadora del servicio; así se lo informó a ellas:

    “Es importante que, para el día de la diligencia, usted presente todas las pruebas que tenga para justificar, atenuar o demostrar su no participación en los hechos que se relacionan en esta citación”, reseña el texto compartido con las agentes educativas.

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    Jhon Dairon Cuartas, coordinador general y pedagógico de la Corporación en Rionegro, argumentó que esta carta no representa una sanción o un despido, pues el interés es conocer los desacuerdos que aquejan a las agentes educativas con la contratación y demás asuntos que motivaron la protesta.

    Hasta hoy, 20 trabajadoras de la primera infancia en Rionegro han renunciado por la “precariedad del contrato laboral” bajo la cual prestan el servicio, dicen ellas mismas. Se han retirado de sus funciones esperando una respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que no se ha pronunciado frente a los reclamos de las docentes.

    Reclamos que son respaldados por la administración municipal de Rionegro. En un comunicado publicado el dos de agosto, la alcaldía afirmó que apoya el inconformismo que han expresado las agentes educativas por la carga laboral, el salario y sus actuales condiciones contractuales. Incluso, el alcalde, Rodrigo Hernández, envió un oficio a la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, solicitando una revisión del caso.

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