El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la elección de Sandra Iuldana Landínez como contralora de Rionegro, determinación anticipada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que la mujer no contaba con los requisitos legales para ejercer el cargo.
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En particular, porque la funcionaria celebró dos contratos públicos en Rionegro 12 meses antes de ser electa y, de acuerdo con la interpretación de la Sección Quinta del Consejo de Estado, esto compromete el trabajo que debe realizar la Contraloría en el municipio: control fiscal.
El primer contrato que tumbó su elección lo firmó el 31 de enero de 2020 con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), con vigencia hasta el 20 de junio del mismo año. Esta empresa tiene como aliada estratégica a la administración de Rionegro, entidad a la que debía hacerle control.
El segundo lo suscribió con MASORA, Municipios Asociados del Oriente de Antioquia, ente de gestión que integra a los municipios de la subregión, incluido Rionegro. Con base en la evidencia, ella trabajó en Masora hasta el 23 de diciembre de 2020.
No podrá ser elegido contralor quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, siempre que los contratos deban cumplirse o ejecutarse en el respectivo municipio
se lee en la decisión del Consejo.
En primera instancia, el Tribunal de Antioquia expresó la nulidad. Sin embargo, la demandada y el Concejo Municipal de Rionegro apelaron la decisión. Ante la segunda instancia, los argumentos que presentaron no fueron suficientes para desestimar la inhabilidad que recaía sobre Sandra Iuldana para ejercer como contralora.
El Concejo no ha sido notificado de la decisión que tomó la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Iuldana tomó posesión del cargo después de obtener el mejor puntaje en un concurso de méritos que organizó la Corporación Universidad de la Costa. De momento, hay un contralor encargado en el puesto: Ferney Cardona Echeverry.
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