Desde el mes de abril, en la vivienda de Yuliana Cuartas, ubicada en zona urbana de Marinilla, no se enciende un bombillo, ni se refrigera algún alimento y mucho menos sus hijos pueden estudiar bajo la virtualidad, porque, según ella, EPM ha sido negligente en atender las necesidades del hogar.
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Todo empezó con el malestar de la familia por el precio que cancelaban cada mes por el servicio de energía: 300 mil pesos. (Ese costo, aplicado a un hogar estrato 3 donde el consumo se limitaba a una nevera y tres televisores). Por tanto, decidieron cambiar la contratación con EPM, ya no bajo la metodología prepago, sino pospago.
Yo estaba muy inconforme pagando cada mes ese costo tan alto, entonces decidimos pasarnos al pospago, que es recargable. Es decir, uno va y cancela un dinero y a ese dinero le asignan un consumo; es como una recarga: consumo lo que pago; no pago lo que consumo, como lo estaba haciendo
contó Yuliana Cuartas.
Siguiendo las directrices indicadas por parte de EPM a la familia afectada, para hacer la transición el hogar debía registrar cinco meses de mora en la facturación prepago del servicio de energía. Con ese requisito, ya podía iniciar la contratación pospago. Sin embargo, indicó la familia, este proceso ha estado mediado por tutelas y respuestas que llevan al mismo lado: “el incumplimiento de EPM”.
La Personería de Marinilla y la Procuraduría provincial han acompañado a los afectados en los trámites ante los juzgados, pues en diferentes sentencias de la Corte Constitucional se ha considerado que los servicios públicos domiciliarios están estrechamente relacionados con la consecución de la dignidad humana.
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En el hogar de Yuliana Cuartas viven cinco niños, un adulto mayor y dos personas mayores de 18 años. Ella afirmó que con la situación “me están obligando a desplazarme de mi propia vivienda porque yo no tengo cómo pagar el servicio, yo estoy solicitando el pospago -que es el que se adapta a mis condiciones-, pero EPM no cumple”.
Hasta ahora, a la familia le ha tocado recargar los teléfonos y almacenar los alimentos que requieren ser refrigerados en la casa de los vecinos. Ayer, 19 de agosto, con la firma del Personero de Marinilla, se envió una nueva comunicación al juzgado para que exhorte a EPM a darle proceso a la solicitud.
MiOriente consultó con Empresas Públicas de Medellín sobre la situación, y desde la entidad se informó que se le dará solución al caso la próxima semana.
