Por la desaparición de Alejo Arango del Río, trabajador minero y militante de la Unión Patriótica, ocurrido el 4 de marzo de 1988, el municipio de San Rafael deberá indemnizar a la familia de Arango con una suma cercana a los 1.000 millones de pesos por los perjuicios morales y afectaciones a la salud que causó la desaparición.
Sin embargo, la administración municipal está inquieta por la condena, pues no tiene la solvencia económica para asumir el pago y continuar con el Plan de Desarrollo.
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El 21 de mayo de 2021 el Consejo de Estado declaró al municipio de San Rafael como “administrativamente responsable por la desaparición” de Arango del Río, quien, mientras estaba privado de la libertad en la cárcel de San Rafael -administrada en ese entonces por la misma localidad- y acusado de una supuesta extorsión, fue secuestrado por hombres armados y, hasta ahora, 33 años después, no se tiene información sobre él.
En el fallo, el Consejo de Estado concluyó que siete integrantes de la familia de Arango deben recibir por parte del municipio 140 salarios mínimos mensuales, es decir, 142 millones de pesos cada uno.
Frente a esta situación, el alcalde de la localidad, Libardo Ciro, mostró preocupación, puesto que el municipio no tiene en este momento el dinero para responder. “Es un recurso que hoy no está considerado en el Plan de Desarrollo. Seguramente tocará empezar a hacer cortes en todos los sectores de inversión, [por eso] el cumplimiento del Plan de Desarrollo [está] en peligro”, asumió el mandatario.
Dentro de los planes a largo plazo, Ciro cree que se hará una reducción en el presupuesto destinado a la primera infancia, deportes e infraestructura, temas fundamentales en su proyecto de gobierno.
Además, deja entrever que San Rafael recibe con malestar el fallo del Consejo de Estado: “Primero nos tocó llorar a nuestros muertos, nos tocó ver correr la sangre, encerrarnos y escondernos por el miedo, y ahorita se está diciendo que el mismo municipio al que le tocó llorar, sufrir, sea quien tiene que reparar a las personas que fuimos víctimas del conflicto”, manifestó el alcalde Libardo Ciro.
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Por ahora, la defensa del municipio está concentrada en utilizar los recursos disponibles en la jurisprudencia para reevaluar la decisión. Sin embargo, si la condena sigue en pie, la administración estará en la obligación de responderle a la familia Arango.
