Tras la reunión del martes 15 de diciembre en la que participaron la Procuraduría Provincial de Rionegro, la Mesa de Salud del Oriente, las Personerías del Oriente Antioqueño a través de ASPOA, la Defensoría del Pueblo, y las Secretarías de Salud de Rionegro y La Ceja, se definió generar una alerta por el aumento en los casos de COVID-19 durante el mes de diciembre y la ocupación hospitalaria en la región.
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Según datos del Órgano de Control, al 14 de diciembre habían 1.602 nuevos casos en el Oriente, lo que eleva el número de contagios en Antioquia a 231.592. El Valle del Aburrá actualmente tiene el mayor número de infectados con 192.860, seguido por el Oriente Antioqueño con un total de 14.262, de los cuales 13.267 ya se recuperaron 767 están activos y 201 personas han fallecido.
La situación es preocupante, debido a que las IPS de mayor complejidad han manifestado dificultades en el recurso humano, pues la mayoría tienen personal aislado, contagiado, e incluso, varios médicos, especialistas y enfermeras han renunciado. De igual manera, en cuanto a los insumos, las IPS informaron que algunos medicamentos están escasos y no son fáciles de conseguir, lo cual genera incertidumbre, pues para enero se espera un pico de contagios aún mayor.
En ese mismo sentido, el secretario de Salud de Rionegro, Jorge Rivas, aseguró que en el Oriente Antioqueño la ocupación de Camas UCI está al 100% y quien requiera utilizar Unidades de Cuidados Intensivos, deberán ser trasladados a otras regiones del departamento y del país.
Por tal motivo, La Procuraduría Provincial de Rionegro, a través de una carta, invitó a los mandatarios “para que en común acuerdo con los gerentes de los hospitales locales apoyen a las IPS de mayor complejidad en la contrarreferencia de pacientes que pueden ser atendidos en las ESE, permitiendo con esto optimizar la capacidad instalada de la mediana y alta complejidad. Además, se insta a los mandatarios locales a implementar medidas tendientes a realizar y adecuar los planes de acción que sean necesarios a fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y la vida de los habitantes”.
