La muerte de doña Maria Celina Silva Silva y sus hijos Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva por explosivos lanzados desde un dron en la vereda Jaguas, de Segovia, ha generado no solo zozobra, sino desplazamientos y confinamientos en zona rural de ese municipio del Nordeste de Antioquia.
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La Gobernación de Antioquia informó que 70 familias de la vereda Arenales que vivían en fincas se desplazaron al caserío. De Las Jaguas se desplazaron 30 familias y de la vereda Pescado, 25 familias. Las personas están autoalbergadas en la vereda Arenales con familiares o conocidos.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo, y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de esa estructura terrorista.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la reacción del Ejército tras el reciente ataque y aseguró que, ante hechos de esta gravedad, se deben utilizar todas las capacidades operativas disponibles, incluidos helicópteros y aeronaves, para retomar el control. Además, advirtió que en municipios como Segovia el pie de fuerza policial es reducido, lo que limita la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales.
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«Uno sigue sin entender cómo es que el Gobierno pone por delante los intereses de estos criminales a la protección de la población civil. Es que la gente lo único que nos pide es que los protejamos, que les quitemos los bandidos de encima», indicó.
Finalmente, reconoció que tras los hechos recientes se han registrado desplazamientos de población y reiteró que el control territorial debe estar en manos de la institucionalidad.
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