El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dijo este viernes que el decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el cual su Gobierno fijó el aumento del salario mínimo para 2026, cumple «todos los criterios económicos» y está acorde al «salario vital ordenado por la Constitución».
Dicho decreto, que aumentaba el salario mínimo en un 23,7 % —hasta $2 000 000, incluyendo el auxilio de transporte—, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado a través de una decisión que se informó este viernes. También, se le ordenó al Gobierno nacional fijar un nuevo porcentaje de aumento transitorio mientras se da sentencia al proceso.
«Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución; respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución», manifestó el primer mandatario en un mensaje en su cuenta de X.
El presidente Gustavo Petro señaló que para fijar ese nuevo porcentaje se citará una reunión de concertación, de la que estará a cargo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
«Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá», dijo Petro, que añadió que este proceso «se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios».
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El decreto de salario vital es ordenado por la constitución.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026
Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él
Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de… https://t.co/DVsUSGPH9D
Por último, el jefe de Estado advirtió que «Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del Gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto».