Empleados de la Rama Judicial en todo el país realizan una jornada de protesta para solicitar al Gobierno nacional la firma de los decretos que autoricen el incremento de la bonificación judicial para esta vigencia fiscal del orden del 5,85 %, acordado en las mesas de negociación del sector justicia concluidas en agosto.
Según explicó Eliana María Ceballos Zuluaga, funcionaria de la Rama Judicial, el ajuste representa cerca del 30 % del salario total. “Desde mayo estamos esperando la firma de estos decretos y el pago del retroactivo a enero 1 del 2025. Nos informan que el trámite avanza entre el Dapre, la Función Pública y la Tesorería Nacional, pero no hay aún decreto firmado ni fecha para el desembolso”, indicó.
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La movilización se desarrolla de manera pacífica en distintas regiones del país. “Esta protesta se realiza en todas las capitales y en varios municipios. No hay marchas ni bloqueos, solo una manifestación en defensa de nuestros derechos y del cumplimiento de los acuerdos”, señaló Jorge Andrés Hoyos Torres, secretario del Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro.
Funcionarios de la Rama Judicial en Rionegro se suman a la jornada nacional para exigir al Gobierno la firma de los decretos salariales pendientes y la liberación de dos investigadores del CTI secuestrados en el Cauca desde mayo. pic.twitter.com/YmFYvQMhlr
— MiOriente (@MiOriente) November 13, 2025
Durante la jornada, los servidores judiciales también manifestaron preocupación por la situación de dos funcionarios del CTI secuestrados en Tame, Arauca por el ELN desde el 9 de mayo. “Nuestros compañeros siguen en cautiverio, y sus familias viven en incertidumbre. No entendemos por qué un grupo armado los mantiene retenidos si su labor es investigativa y no forma parte del conflicto”, expresó Luis Alberto Jiménez, investigador del CTI.
Los empleados reiteraron su llamado al Gobierno nacional para que concrete la firma de los decretos pendientes y cumpla con los compromisos adquiridos, en busca de garantizar condiciones laborales equitativas y el reconocimiento de los derechos del sector justicia.
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