Con el objetivo de reducir la brecha salarial entre los legisladores y la ciudadanía, un grupo de 57 congresistas liderados por el senador Iván Cepeda presentó un proyecto de acto legislativo que propone disminuir casi a la mitad el salario de los miembros del Congreso de la República.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de diversas bancadas como el Pacto Histórico, Partido Liberal, Cambio Radical y la Coalición Verde Esperanza, establece que la remuneración mensual de los congresistas no podrá exceder los 20 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Además, plantea que el ajuste salarial se realice anualmente de acuerdo con el incremento del salario mínimo en el país.
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Actualmente, los congresistas colombianos perciben un salario mensual de 48.142.046 pesos, cifra que contrasta con la línea de pobreza establecida en 435.375 pesos. Este desbalance implica que un legislador gana lo mismo que más de 100 colombianos en situación de pobreza.
Según el senador Iván Cepeda, este proyecto no solo es una medida económica, sino también una acción que busca reducir desigualdades en el país. “Es momento de que los congresistas dejen de ser una élite privilegiada y demos ejemplo de compromiso con la justicia social y la equidad”, afirmó.
El acto legislativo, que entraría en vigor a partir del 20 de julio de 2026, también incluye un párrafo transitorio que permite a los congresistas que lo deseen aplicarse voluntariamente la reducción de salario desde la promulgación de la norma.
En comparación con otros países de América Latina, el salario de los legisladores colombianos es uno de los más altos. Por ejemplo, en Uruguay un congresista recibe cerca de 31 millones de pesos colombianos, mientras que en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, las remuneraciones son significativamente más bajas.
La propuesta ha generado un amplio consenso en el Congreso, siendo suscrita por congresistas de diversas colectividades, incluidos líderes como Humberto de la Calle, Jennifer Pedraza, María José Pizarro y David Luna. Este apoyo bipartidista refuerza la viabilidad del proyecto, marcando un paso hacia la reducción de privilegios en el Legislativo.
El debate en torno a su aprobación será crucial para determinar si este cambio responde a las demandas ciudadanas por mayor austeridad en el sector público.
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