La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en el contrato suscrito entre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Canacol, para la adquisición de gas destinado al distrito de Medellín.
La investigación se enfoca en funcionarios por determinar de la Alcaldía y EPM, tras la suscripción de un acuerdo que contempla la construcción de un gasoducto. El Ente de control busca esclarecer posibles anomalías en el bilateral para construir un gasoducto otorgado a una empresa constituida 12 días antes.
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La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según reportes de algunos medios de comunicación, EPM firmó un contrato con la empresa canadiense Canacol por más de $5 billones, con el propósito de asegurar el suministro de gas durante la próxima década en Medellín. El acuerdo incluye la construcción de un gasoducto entre los departamentos de Córdoba y Sucre.
La Procuraduría también investigará la negociación que gestionó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien habría retirado a Promigas del proceso sin justificación aparente. Promigas, empresa del grupo de energía de Bogotá, estaba inicialmente encargada de la construcción del gasoducto.
Uno de los puntos críticos bajo revisión es la adjudicación de la construcción del gasoducto a Shangai Engineering Technology Corp (Setco), una empresa constituida en Panamá apenas 12 días antes de la firma del contrato. Esta compañía, cuyo pasado reciente está vinculado al negocio de alimentos, fue seleccionada dos años después de la firma del contrato entre EPM y Canacol.
La actuación disciplinaria por parte del Ministerio Público tiene como objetivo identificar a los posibles responsables de las irregularidades, determinar si las conductas constituyen faltas disciplinarias y evaluar si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
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