La Sociedad Ganadera El Paraíso, objeto de acusaciones por captación masiva y habitual y no devolución de recursos al público, ha presentado un plan de desmonte que ha generado controversia entre abogados y víctimas del presunto fraude.
El abogado Víctor Muñoz, representante de las víctimas, ha expresado su preocupación sobre la propuesta, afirmando que más que un plan de desmonte parece ser un plan de negocios, ya que omite abordar las razones detrás de la intervención de las personas y entidades afectadas.
Muñoz enfatizó que es esencial que los responsables aclaren cómo pretenden subsanar las conductas delictivas que motivaron la intervención inicial, según lo establecido en las resoluciones 900-009121 y 910-010632, las cuales declararon ilegal la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público.
Además, señaló la falta de claridad en varios aspectos del plan, como la valoración de acciones, la garantía de las mismas, y la omisión de riesgos legales y financieros.
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Por su parte, la Sociedad Ganadera El Paraíso ha defendido su propuesta, denominada “Plan de Desmonte Voluntario”, como un mecanismo para cumplir con las obligaciones pendientes. Según Lina María Serna Aristizábal y Carlos Alberto Montoya Bustamante, representantes de la sociedad, el plan busca una devolución ordenada de las acreencias, asegurando el valor comercial de los bienes involucrados.
El plan contempla la entrega de cabezas de ganado, valoradas en $3.313.919 cada una, para satisfacer las obligaciones pendientes. Además, se menciona la posibilidad de incorporar inversionistas interesados en adquirir partes específicas del negocio, con el fin de generar recursos adicionales para el cumplimiento del plan.
Sin embargo, tanto abogados como víctimas han expresado dudas sobre la viabilidad y transparencia del plan propuesto. Se cuestiona la falta de garantías claras para los acreedores, así como la ausencia de medidas para abordar riesgos legales y financieros pendientes.
Ante esta situación, se espera una respuesta por parte de la Sociedad Ganadera El Paraíso para aclarar las objeciones planteadas y permitir una evaluación adecuada del plan de desmonte. Mientras tanto, el caso sigue siendo objeto de atención por parte de las autoridades pertinentes.
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En contexto
La Sociedad Ganadera El Paraíso está en el centro de uno de los mayores escándalos financieros, acusada de estafar a miles de personas en el Oriente Antioqueño. Según las investigaciones, más de 3.200 individuos, del Oriente y de otras zonas del país, habrían sido víctimas de esta estafa, que involucra una captación ilegal de fondos que supera los 100.000 millones de pesos.
La oficina principal de esta sociedad ganadera, operando bajo el nombre de Sociedad Ganadera El Paraíso, se encontraba en Llanogrande (Rionegro) desde donde se gestionaban todas las operaciones. La modalidad de captación se realizaba a través de la venta de Títulos de Ganadería, prometiendo a los inversores un retorno de alrededor del 3 % en un plazo de entre nueve y trece meses.
A pesar de estar bajo investigación, la Sociedad Ganadera El Paraíso continuó realizando operaciones financieras, incluyendo préstamos hacia Panamá, sacando fondos del país en modalidad de préstamos.
En este contexto, Supersociedades decidió tomar posesión de los activos, bienes, negocios y patrimonio de la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., registrada en Panamá, y de su representante legal, José Miguel Montoya Serna.
Víctor Eduardo Muñoz, abogado de las víctimas, ha declarado que no descansarán hasta que se haga justicia por los afectados. Desde el inicio, han insistido en la urgencia de intervenir los bienes en Panamá, hasta que la Supersociedades cumplió con su solicitud.
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