Tremendo lío tendrán los alcaldes y gobernadores a partir del próximo 31 de julio cuando terminará el contrato que hoy tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para suministrar la comida en los Centros Transitorios de Detención y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
La contingencia se da en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que se conoció en 2022 y que obliga, a partir del 1 de agosto, a que los mandatarios locales se encarguen de las raciones alimentarias en estos centros de detención temporales.
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A menos de un mes de que se venza el plazo otorgado por la Corte, la Procuraduría, como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad, solicitó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y, así, se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.
