Según EPM, la infraestructura representaba un peligro para la seguridad de familias que habitan esta zona de forma irregular y que obtenían energía ilegalmente.
Con cierres en la Avenida Regional desde el Puente del Mico, a partir de las 5:00 a. m. de este martes, un total de 265 efectivos de la Policía, acompañados por funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín y EPM, desplegaron un operativo con el fin de desmontar un transformador de energía ubicado en los bajos del puente de la Madre Laura, al norte de la ciudad.
Se trata de una infraestructura ubicada en inmediaciones de un asentamiento irregular en el que conviven por lo menos 105 familias que a su vez obtenían de allí el servicio de energía de forma ilegal.
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Según declaraciones oficiales de EPM, el transformador fue retirado “porque no se requería en esa zona y por seguridad para esta comunidad, debido al riesgo eléctrico que representa la manipulación indebida de la red”.
Además del peligro para la vida de las personas por el contacto o manipulación de la red, EPM identificó un claro riesgo de incendio por corto circuito o recalentamiento de cableado, especialmente teniendo en cuenta que muchas de las estructuras de la zona están construidas con material fácilmente inflamable como madera y plástico.
También, se tuvo en cuenta para el retiro de la estructura un posible colapso de su poste de apoyo, que se encontraba por fuera del punto de equilibrio en su propio eje y estaba cediendo de forma lateral.
En el lugar hizo presencia además la Personería de Medellín con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos de las personas asentadas en la zona del operativo.
En un procedimiento similar, en las últimas horas las diferentes dependencias de la administración distrital y la Fuerza Pública suspendieron la demolición de una vivienda en el corregimiento Santa Elena, la cual no cumplía con toda la reglamentación requerida para ocupar ese espacio.
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La tensa situación que persiste en esta zona rural de Medellín desde hace varias semanas tiene en vilo a cientos de habitantes, pues la Alcaldía adelanta procesos de inspección sobre 267 predios y ya ha demolido nueve por no cumplir con lo dispuesto en la ley.
Eliana Gómez, corregidora de Santa Elena, aseguró que la más reciente intervención se suspendió por la seguridad de varios de los habitantes que se habían apostado en inmediaciones de la propiedad con el fin de evitar el procedimiento, pero además que varios de ellos se encontraban en estado de alicoramiento.
“En el lugar se encuentran personas en estado de alicoramiento, lo cual también fue constatado por nosotros”, dijo la corregidora, quien adicionalmente aclaró que la suspensión de ese operativo no significa que las actuaciones continúen.
