La reciente fuga de un preso en la cárcel de Itagüí volvió a poner bajo observación los procedimientos internos del establecimiento penitenciario. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, afirmó que el hecho confirma una “crisis profunda” en materia de vigilancia y supervisión.
El hombre que logró escapar fue identificado como Darío Arcadio Zapata, conocido como El Zorro o El Flaco. El interno fue sentenciado hace varios años por delitos asociados a estructuras armadas ilegales, entre ellos desplazamiento forzado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
La concejal informó que recibió comunicaciones desde el interior del penal que describen un ambiente de desorden inusual durante la jornada en la que ocurrió la fuga. De acuerdo con esas versiones, varios reclusos habrían tenido movilidad amplia por diferentes áreas y se habrían presentado actividades no permitidas que debilitaron los protocolos de control. Incluso, la concejal mencionó en su cuenta de X que dentro del penal había fiesta con mujeres entrando y saliendo.
En ese contexto, Zapata habría atravesado zonas administrativas y salido del penal por un corredor utilizado para la atención jurídica, sin que se activaran alertas automáticas o manuales.
Las fuentes consultadas por la concejal indicaron que el interno ya contemplaba la posibilidad de escapar desde días atrás, luego de conocer que avanzaba un proceso que le imputaría nuevos hechos criminales, entre ellos varios homicidios cometidos en Valdivia.
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Para Carrasquilla, este elemento demuestra que no se trató de un aprovechamiento fortuito, sino de una oportunidad facilitada por la falta de controles internos. La cabildante sostuvo que esta situación no debe analizarse como un episodio aislado, sino como un indicador del deterioro institucional en centros penitenciarios donde permanecen miembros relevantes de organizaciones criminales.
Carrasquilla pidió acciones urgentes a las autoridades nacionales y regionales. Entre las medidas solicitadas están:
- Una intervención directa en el establecimiento penitenciario.
- Procesos disciplinarios y administrativos sobre los funcionarios responsables de la custodia ese día.
- Evaluación técnica de los sistemas de seguridad.
- Reajuste de los protocolos de ingreso, permanencia y movilidad interna.
La concejal también anunció que llevará el caso ante los organismos de control, insistiendo en que las irregularidades expuestas comprometen la seguridad tanto de la ciudad como del país. Aseguró que continuará revisando la evolución del caso para verificar que se adopten correctivos estructurales que eviten nuevos episodios de este tipo.
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