El Juzgado Séptimo Penal de Control de Garantías de Medellín envió a la cárcel a Misael Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y a Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por su presunta responsabilidad en la comisión de irregularidades en seis contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2020 y 2021, cuyo valor ascendería a cerca de 18 000 millones de pesos. Elkin de Jesús González, exrepresentante legal de la unidad bomberil, continuará vinculado al proceso, pero en libertad.
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A los detenidos se les imputaron los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, según la presunta responsabilidad individual de cada uno.
Lo expuesto por el ente investigador y de mayor relevancia para la judicatura son las pruebas de un supuesto maquillaje de sobrecostos en contratos que tenían como objeto la compra de kits y la realización de capacitaciones para los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, lo que al parecer terminó con la apropiación de más de $2 000 millones que supuestamente habrían llegado a la campaña de Misael Cadavid a la Cámara de Representantes en el 2022.
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Por allanamientos a los bomberos de Itagüí, la Fiscalía logró reunir varias pruebas, entre ellas, audios en los que al parecer uno de los implicados explicaba cómo llevar a cabo estos sobrecostos. Por su parte, la funcionaria involucrada era la encargada de vigilar estos contratos.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial y la relacionó con los múltiples procesos por presunta corrupción de la pasada Administración de Daniel Quintero Calle, como alcalde de Medellín y presidente de la junta del Área Metropolitana.
“Hoy la justicia ordena enviar a la cárcel a dos miembros del entramado por direccionar contratos por valor de $18 000 millones del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí en 2020-2022, cuando el jefe de la banda era el presidente de la junta del Área. Y ahora que no salga a decir que no tuvo injerencia, cuando su firma está en las actas de la junta donde aprobó los recursos que se terminaron robando”.
La defensa de los procesados desvirtuó las pruebas presentadas por la Fiscalía, indicando que los audios estarían descontextualizados; además, apelaron la decisión de la jueza con los recursos de ley disponibles para esta instancia. La audiencia continuará el próximo jueves en horas de la mañana.
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