En el primer semestre del 2018, 15 de los 23 municipios del Oriente Antioqueño han sido visitados por los Gestores Territoriales de la Policía Antioquia, con el fin de analizar una problemática generalizada en estas localidades: las falencias en la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia, y en la destinación de los recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET).
San Carlos, Guarne, Alejandría, Cocorná, El Retiro, La Ceja, San Carlos, Rionegro, Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Francisco, El Santuario y San Francisco, son las localidades que aún tienen una deuda considerable en la revisión de los planes, programas y proyectos enfocados al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana.
Según información de la Policía Nacional, “entre las dificultades que se encontraron durante las visitas estuvieron el desconocimiento de la normatividad, la ausencia de decretos reglamentarios para dinamizar los instrumentos de gestión territorial, y la falta de actas de reuniones con las diferentes instituciones donde se abordan temas en materia de seguridad”.
Es decir que, un año y medio después de haber entrado en vigencia el Código Nacional de Policía y Convivencia, aún hay administraciones municipales que no están invirtiendo adecuadamente los recursos destinados para tal fin, ni aplicando el Código de Policía, ya sea por la categoría del municipio (que determina la cantidad de dinero para planes de seguridad y convivencia) o por el desconocimiento de los procedimientos.
“Es importante dejar todos los compromisos y acciones que se puedan implementar en los municipios en actas oficiales. Hoy estamos haciendo asesorías de acompañamiento para que posteriormente los municipios eviten sanciones de los entes de control”, precisó la Policía.
En general, la problemática se debe por la falta de recursos que manejan los municipios de sexta categoría, y aquellos donde la contratación de obra pública es mínima, lo que provoca que se retrasen proyectos de construcción de centros de protección, compra de parque automotor y apoyo de equipos tecnológicos para dar aplicabilidad a la norma.
En el fondo, la problemática no radica en a acción de la Policía frente a las situaciones de orden público o comunitario, sino en la intervención de las instancias posteriores con mecanismos que aún no funcionan como deberían funcionar.
