En menos de diez días han quedado atrapadas seis personas en dos minas del Oriente Antioqueño: cuatro en San Rafael que fueron rescatados con vida, y dos en Granada que no corrieron con la misma suerte. Ambos hechos dejaron en entredicho las condiciones de seguridad -y quizá de legalidad- en las que se realizan las actividades de explotación minera en las zonas rurales más apartadas de los 23 municipios de la región, lo que también se convierte en un panorama de la minería en Antioquia.
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Dora Elena Balvin, secretaria de Minas de Antioquia, explicó a MiOriente que la mina del municipio de San Rafael efectivamente no tenía título minero, y las personas que trabajaban en ella tampoco contaban con las condiciones técnicas de seguridad que se requieren para este tipo de actividades.
Incluso, se espera que esta mina informal, ubicada específicamente en la vereda La Camelias, sea sellada en días próximos por el Ejército Nacional y funcionarios de la Alcaldía de San Rafael.
¿Qué requisitos debe cumplir una mina para ser legal?
Cada proyecto de explotación minera debe tener un título minero vigente otorgado por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. “La Secretaría de Minas hace un contrato con la persona para que pueda hacer un trabajo de exploración, explotación y montaje, en compañía de la autoridad que en este caso es Cornare y quien también otorga la licencia ambiental”, dijo Balvin.
La jefe de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, Diana María Henao, indió que existe una licencia minera que otorga el Estado al particular o a los entes territoriales para que puedan explotar los recursos minerales, pero esa misma requiere una autorización de la autoridad ambiental, que debe expedirse posteriormente al título minero.
Sin embargo, en el caso de que una mina comience a operar sin el lleno de los requisitos legales, y es detectada por las autoridades, los propietarios de la misma podrían ser sometidos a sanciones ambientales, algunas de tipo económico, impuestas por Cornare.
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No obstante, otras autoridades como la Secretaría de Minas departamental e incluso la Fiscalía General de la Nación comenzarían un proceso de investigación para determinar qué otras sanciones o medidas legales pueden ser aplicadas para cada caso, por ejemplo, un proceso por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, en relación con el artículo 338 del Código Penal.
¿Cómo detener el fenómeno?
Una mina se constituye como ilegal cuando no cuenta ni con título minero ni con licencia ambiental, caso en el cual, según la ley 685, los alcaldes tienen plena competencia de adelantar procesos de decomiso de maquinaria, detenciones o capturas de personas y destrucción de la mina.
El verdadero problema radica en la insuficiencia de recursos con que cuentan las administraciones locales para hacer el control respectivo, pues el territorio de carácter rural de los municipios del Oriente Antioqueño es tan extenso e inabarcable que resulta casi imposible detectar los puntos donde se adelantan explotaciones mineras irregulares.
En el caso de la mina de San Rafael, por ejemplo, el alcalde Abad de Jesús Marín manifestó que se trataba de una mina ilegal que había sido intervenida en varias oportunidades, pero que fue reabierta a espaldas de las autoridades.
Resistencia local
Pero hay municipios que se han declarado públicamente enemigos incluso de la minería que se desarrolla de manera legal. Uno de ellos es San Vicente Ferrer, donde el pasado 11 de abril, luego de un conversatorio con representantes de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, la comunidad expresó su rechazo frente a la posibilidad de desarrollar actividades mineras en la localidad.
Roberto de Jesús Jaramillo, alcalde de San Vicente, dijo que el fin de semana del 7 de julio, en el marco de las fiestas patronales del municipio, se realizó la Firmatón por el Agua, la Vida y el Territorio, y “se formó una asamblea permanente de control distribuida en dos grupos, uno jurídico-técnico y otro logístico, para decirle NO a la minería”.
El mandatario agregó que las firmas fueron llevadas a la Gobernación de Antioquia con el propósito de que el mandatario departamental, Luis Pérez Gutiérrez, y su gabinete, conozcan el sentir de la población de no querer aprobar proyectos mineros en el municipio.
“Queremos evitar que proyectos mineros legales o ilegales lleguen al municipio y lo vamos a hacer por medio de proyectos de acuerdos, consultas populares, analizando que se hagan de manera correcta”, indicó Wilder Gil Zapata, personero de San Vicente.
Y es que ese método de resistencia local trasciende al ámbito administrativo, pues en el 2017 este municipio prohibió la minería en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), y condicionó la explotación de material solo para el mantenimiento de la red vial y la construcción de obras de interés público.
“La mitad del municipio prácticamente ha sido solicitado para minería pero a la Secretaría de Minas, y a quien haya realizado solicitudes, debe quedarle claro que en el PBOT se prohíbe esta actividad y la comunidad lo ha ratificado”, expresó Roberto Jaramillo.
Así las cosas, para prevenir las afectaciones incurables que trae consigo la minería, las instituciones del orden ambiental, departamental y local tienen hoy por hoy el reto de articularse, de hablar un mismo idioma y no cederse las responsabilidades, pues el Oriente Antioqueño ya comenzó la pelea contra un monstruo que camina a pasos agigantados.
