Ahora que se acercan las elecciones parlamentarias (11 de marzo) y presidenciales (primera vuelta, 27 de mayo; segunda vuelta, 17 de junio), comienza a mencionarse por las calles, las empresas y las oficinas de las administraciones municipales la famosa Ley de Garantías. Pero no todos los ciudadanos saben de qué se trata. ¿Qué implicaciones tiene esta ley en época electoral?, ¿cómo impacta al ciudadano del común? Aquí se lo explicamos.
¿Qué es la Ley de Garantías?
Se trata de la ley 909 del 2004, creada en el momento en que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pretendía ser reelegido, y con el fin de garantizar que los recursos públicos no fueran utilizados en campañas políticas. La ley evita, por ejemplo, que se compren votos con los contratos de las administraciones, y permite que los candidatos que no están en el poder tengan las mismas posibilidades de aspirar a un cargo público.
¿Cómo funciona?
La Ley comienza a regir cuatro meses antes de cada jornada de elecciones y durante todo el periodo de campañas políticas. La restricción para la celebración de convenios interadministrativos entre entidades públicas aplica para las elecciones parlamentarias e inicia a partir del 11 de noviembre. Por su parte, la restricción para contratación directa aplica para las presidenciales e inicia a partir del 26 de enero.
Si los entes territoriales firman sus convenios interadministrativos antes del 11 de noviembre, la ejecución de los mismos queda asegurada para cuando termine la temporada de elecciones en el 2018. Además, los concejos municipales están en la facultad de aprobar las Vigencias Futuras que, en palabras sencillas, es una autorización para utilizar una parte del presupuesto del año siguiente.
¿Cómo afecta al ciudadano del común?
Siempre y cuando las administraciones planifiquen bien la firma de convenios antes de la fecha de inicio de la Ley de Garantías, el ciudadano no tendría por qué verse afectado. Por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuya ejecución depende de la celebración de convenios interadministrativos entre entidades públicas (gobierno nacional-gobernaciones, gobernaciones-alcaldías), solo podría ejecutarse si es firmado antes del 11 de noviembre. Ahora bien, si una administración no alcanza a hacerlo, los niños se quedarían, hasta finalizadas las elecciones, sin la ración de alimento diaria que proporciona el gobierno. De esa manera se vería afectada la ciudadanía.
Así mismo ocurre con la contratación directa para el caso de las elecciones presidenciales. El caso más común es la celebración de contratos por prestación de servicios, los cuales no se pueden celebrar entre el 26 de enero y el 17 de junio, si hay elecciones de segunda vuelta.
¿Qué mecanismos existen para garantizar el funcionamiento de la Ley de Garantías?
Todos los contratos y convenios que celebran los entes territoriales están regidos por el principio de publicidad, por lo que deben ser publicados en la página web de Colombia Compra Eficiente o el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). En ella, todos los ciudadanos pueden verificar que las entidades no celebren contratos durante la Ley de Garantías. En el caso de que un ente territorial no publique un contrato firmado, sería sancionado disciplinariamente.
Existen restricciones distintas para las elecciones presidenciales y las parlamentarias. Los funcionarios públicos son los que más restricciones tienen. El Código Único Disciplinario expone tres tipos de faltas: gravísimas, graves y leves. Dependiendo de la forma como se vulnere la Ley de Garantías se inicia el proceso disciplinario según el caso.
Por eso es entendible que antes de que inicie el periodo de Ley de Garantías, las administraciones municipales pongan el pie en el acelerador y firmen la mayor cantidad de convenios y contratos que puedan. Así las cosas, todos los ciudadanos están en la posibilidad de vigilar a los entes territoriales para que no celebren convenios y contratos durante la Ley de Garantías, lo que seguramente disminuirá la compra ilegítima de votos y los casos de corrupción de los que ya estamos hartos en Colombia.
