El pasado 13 de abril, los alcaldes de los 23 municipios del Oriente Antioqueño le solicitaron a EPM que subsidiara de manera total o parcial el servicio de energía eléctrica de los habitantes de la región, a la manera de alivio económico para los ciudadanos cuyas economías se han visto notoriamente afectadas por causa del Covid-19.
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La carta, que fue dirigida a Daniel Quintero en condición de presidente de la Junta Directiva de EPM, sugiere que las beneficiarias de ese sugerido subsidio serían las personas de los estratos 1, 2 y 3, mismos que representan el 85% de la población del Oriente Antioqueño.
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Diez días después (el 23 de abril), EPM emitió su respuesta a la solicitud de los alcaldes. Básicamente la empresa expresa que el otorgamiento de subsidios para los servicios públicos domiciliarios corresponde a la Nación y a las entidades territoriales, es decir, a las mismas alcaldías.
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“(…) el marco normativo constitucional (…) no permite la gratuidad en la prestación de los servicios públicos, ni su prestación por debajo de costos. Las herramientas con que cuenta EPM para brindar facilidades a nuestros clientes, son brindar posibilidades de financiación de los valores adeudados a los usuarios que lo requieran”, indicó la entidad.
Según el documento, así haya retrasos en los pagos EPM no suspenderá ningún servicio de energía y gas mientras dure el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pues los consumos seguirán siendo contabilizados y facturados para ser refinanciados bajo condiciones especiales. En el caso de las facturas de abril, los usuarios podrán diferir el pago hasta por 36 meses sin intereses.
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“Estamos dispuestos a enviarles, si lo requieren, los costos que implican para sus alcaldías, el alumbrado público y los servicios públicos de los usuario de los estratos 1, 2 y 3 y las empresas pequeñas, con el fin de que puedan evaluar y tomar decisiones informadas sobre asumir dichos costos con recargo a los recursos del municipio”, dijo EPM.
Según este panorama, cabe la pregunta: ¿habrá alcaldes que quieran y puedan subsidiar los servicios públicos domiciliarios de sus habitantes?