Los cautivos en centros de reclusión de la región, están cruzando por una difícil situación que comienza en el hacinamiento y termina en la violación de varios de sus derechos.
Un informe realizado recientemente por una comisión de la Procuraduría de Rionegro-Antioquia, luego de una visita personal a cada uno de los centros de reclusión de la región a la cual está adscrita esta Provincial, reveló que los reclusos en los centros penitenciarios del Oriente, no sólo deben pagar sus culpas con privación a la libertad, sino que también deben enfrentar la violación constante de sus derechos humanos dentro del penal.
Los hallazgos en los establecimientos Carcelarios y Penitenciarios de Sonsón y la Ceja adscritos al INPEC; centros de reclusión transitorios municipales de Rionegro y Abejorral y los comandos de policía de los municipios de San Carlos, La Ceja, Guarne, Marinilla, y El Carmen de Viboral, describen en primer lugar que, la situación de los reclusos en ésta Región no es diferente a la situación de los reclusos en otras partes del país, razón por la cual solicitan la intervención permanente del Ministerio Público con el fin de verificar sus condiciones de salud, alimentación, hacinamiento y situación jurídica, entre otros.
Pues bien, poco se había dicho acerca del estado de las estructuras físicas en que deben habitar los presos, de la manipulación de los alimentos que reciben, la cual es indebida, sobre la falta de personal profesional que atienda sus dudas e inquietudes en cuanto a la parte jurídica y sobre todo la grave situación para el acceso a la salud y las condiciones de sobrepoblación que empeora todo lo anterior.
Algunos ejemplos ilustran que realmente si bien los detenidos están privados de la libertad por delitos cometidos, también es cierto que adentro sus derechos están siendo violentados y las soluciones no se ven de cerca. Así, en el establecimiento EPMSC La Ceja “se observa en todas las áreas del penal desaseo, desorden y aspecto desagradable en las instalaciones, y con mayor énfasis en la zona de preparación de alimentos, patios y celdas”, describe el informe, como también dice que el Centro de Retención Transitorio del municipio de Rionegro no garantiza lo estándares de higiene establecidos para la manipulación de los alimentos.
Por otro lado, es importante dar a conocer que en el Centro de Retención Transitorio de Abejorral, si bien se cuenta con un consultorio médico en sus instalaciones el mismo no posee instrumental ni medicamentos, tampoco se cuenta con consultorio odontológico, los internos asumen los costos de sus medicinas y procedimientos con su respectiva EPS a la cual se encuentren afiliados y en caso de requerir atención de urgencias la misma es prestada por la E.S.E. Hospital del municipio.
En esa misma línea, los centros que fueron visitados dejaron ver las deficiencias en los temas que se analizaron, pero se llegó a una firma conclusión y es que el hacinamiento que se presenta en los dos centros de mediana seguridad adscritos al INPEC, agrava la condición de los reclusos que actualmente están en los comandos de policía y en centros de reclusión transitoria, retrasa los trámites jurídicos y de igual manera impide que se llevan a cabo correctamente los procesos alimenticios y de salud, por lo que todo es una cadena que desencadena en injusticias para los presos.
La siguiente gráfica muestra el número de reclusos que se encontraban en cuatro de los centros la fecha de la visita y la capacidad para la que fue diseñado el espacio, en la cual se percibe que en los dos centros Penitenciarios y Carcelarios de Mediana Seguridad que están adscritos al INPEC, se presenta el fenómeno del hacinamiento teniendo en cuenta que la capacidad instalada en el EPMSC de la Ceja es para atender 100 reclusos y en la actualidad se encuentra 142 internos, con una sobrepoblación del 42% y la capacidad instalada en el EPMSC de Sonsón es para atender 75 y en la actualidad se encuentran 163 reclusos lo que equivale a una sobrepoblación del 117.3 %.
Los otros dos centros municipales, no presentan situación de hacinamiento, hay cupos disponibles sin que puedan ser utilizados por los municipios vecinos pero por diferentes razones esto no es posible.
En los análisis hechos por los equipos de trabajo y otras autoridades se puede concluir que la solución no radica en la construcción de cárceles ni otros centros de reclusión sino generar estrategias que permitan agilizar los trámites en fiscalías y juzgados.
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