La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo y una de las cuatro altas cortes del país, en relación con el caso de Juan Diego Ruiz Valencia, exauditor y excontralor del municipio de Sonsón.
La sentencia, con ponencia de la magistrada Stella Conto, relató que Ruiz se encontraba detenido preventivamente en su vivienda por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública cuando fue sacado a la fuerza.
"El 12 de junio de 1994 Diego Ruiz fue sacado abruptamente de su lugar de detención por varios hombres armados que se identificaron como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y conducido hacía un rumbo desconocido", explicó el Consejo de Estado en sentencia divulgada por su oficina de prensa.
Dice la sentencia, "las autoridades públicas tienen la obligación de velar por la integridad y seguridad de todas las personas que se encuentran sometidas a custodia y protección por privación de la libertad".
La Sala aclaró que no se cuestiona a la Fiscalía porque concedió el beneficio de la detención domiciliaria, sino porque incumplió el deber de custodia y protección, lo que facilitó la comisión de un delito de lesa humanidad: la desaparición forzada, calificada como delito de lesa humanidad en el año de 1983 por la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la Resolución 666 XIII-0/83.
Resumen de noticias - foto Interntet
