Transportadores mantienen levantadas las talanqueras en Puerto Triunfo y denuncian fallas en obras del Invías

La protesta pacífica de los transportadores que transitan por la ruta 60 (autopista Medellín-Bogotá), que inició el pasado 2 de diciembre, continúa en el peaje de Puerto Triunfo. La agrupación conocida como Los Magníficos de la Ruta 60 aseguró que no permitirán que se retome el pago mientras no haya respuestas directas del Gobierno nacional y avances visibles en la recuperación del corredor Caño Alegre-El Santuario.

Según su vocero, Julio Flórez, los trabajos ejecutados por el Invías en los últimos tres meses no están cumpliendo con los estándares técnicos necesarios. Los transportadores realizaron un nuevo recorrido entre Cocorná y Puerto Triunfo y, de acuerdo con su balance, 17 puntos críticos estaban identificados antes del inicio de las obras. De estos, 13 han sido intervenidos, pero nueve ya muestran deterioro nuevamente, situación que para ellos evidencia fallas en la ejecución.

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Los conductores registraron en video procedimientos que consideran inadecuados, como aplicación de asfalto sobre superficies húmedas y el uso de material que llevaba horas almacenado en volquetas, lo que, según denuncian, afecta la calidad del pavimento. Para el gremio, estas prácticas representan un desperdicio de recursos públicos sin resultados duraderos.

Flórez afirmó que actualmente solo el 40 % de la vía es transitable, mientras que el resto presenta daños que afectan la movilidad. Por ello, señalaron que solo entregarán el control del peaje cuando al menos el 60 % o 70 % del tramo esté en condiciones adecuadas.

El vocero también rechazó declaraciones recientes del director nacional encargado del Invías, quien en un debate del Senado de la República cuestionó la protesta y aseguró que estos peajes se encuentran entre los más económicos del país. Los transportadores discrepan completamente: aseguran que los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo figuran entre los más costosos y que, desde hace siete años, se están pagando tarifas equivalentes a las de una concesión privada, pese a que la administración del tramo regresó al Estado.

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El movimiento exige que el funcionario rectifique públicamente sus afirmaciones y sostenga una reunión directa —en Bogotá o en la región— para acordar compromisos sobre la calidad de las intervenciones y el manejo de los recursos. Hasta entonces, la protesta continuará con las talanqueras arriba y el paso libre para los usuarios de la vía.