La Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño presentó su informe anual, en el que alerta sobre la afectación a la salud mental derivada de los conflictos sociales, ambientales, urbanísticos y armados que actualmente atraviesa la región. El informe advierte que el Oriente antioqueño atraviesa una “Zona de Calor Alto” en materia de derechos humanos, debido a los asesinatos registrados en la mayoría de los municipios de la región, además de desplazamientos y un panorama de riesgo de líderes sociales y ambientales.
Ante este escenario, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria exige a la Defensoría del Pueblo emitir de manera urgente una Alerta Temprana Regional, con el propósito de implementar medidas de protección y evitar nuevas víctimas: gran parte de las muertes, según las autoridades, son producto de la confrontación armada que mantienen bandas delincuenciales por el control de las rentas criminales de la subregión, como el microtráfico y la minería ilegal. Otro tanto son producto de la intolerancia.
El llamado se realiza “con todo el vigor ciudadano organizado” y busca detener las violencias derivadas de presiones territoriales, conflictos urbanísticos, megaproyectos y disputas sobre el uso del suelo que hoy ponen en riesgo la vida, la integridad y la salud mental de las comunidades.
En las últimas horas, la Policía del municipio de Guarne inició la investigación por un homicidio ocurrido durante la mañana de este 10 de diciembre en la carretera principal de la vereda Yolombal, a cerca de media hora del casco urbano. Los reportes preliminares indican que la víctima fue un hombre, por ahora sin identificar, a quien atacaron con arma de fuego, en el que sería un ataque sicarial.
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El informe agrega que los megaproyectos de infraestructura, el crecimiento inmobiliario y la expansión de monocultivos y actividades extractivas han propiciado la pérdida de la vocación campesina. Esto, según indicaron, afecta el arraigo cultural, altera las dinámicas familiares e incrementa el estrés comunitario.
El documento concluye que el verdadero desarrollo para la región debe asegurar la participación ciudadana, proteger la cultura campesina y fortalecer el derecho a la salud mental, entendido como condición indispensable para la paz territorial.
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