Por directriz de la Procuraduría General de la Nación y en compañía de las personerías del país, se ha venido realizando un proceso de verificación sobre el hacinamiento en las cárceles; esto con el objetivo de garantizar los derechos a la población carcelaria.
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Para el caso del municipio de Rionegro se presentó una acción constitucional y, posteriormente, se ordenó en un término de 15 días hacer el traslado de la población a la cual se le están vulnerando sus derechos.
Se ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que en el término de 15 días deben trasladar las gestiones correspondientes de estas personas a las cuales se les están vulnerando sus derechos. La Procuraduría tiene el ojo en las cárceles y centros de detención del país
indicó el procurador provincial de Rionegro, Andrés Felipe Correa.
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