Duras atrocidades se conocieron este 30 de agosto durante la imputación de cargos que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo efectiva en contra del general en retiro Mario Montoya Uribe, y otros ocho exmilitares, por los 130 casos de “falsos positivos” ocurridos en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003.
Según datos de la JEP, 57 de los crímenes documentados se registraron en 2002 y 77 corresponden a 2003; todos ellos perpetrados, presuntamente, bajo presiones contra los miembros de las fuerzas militares, a quienes les exigían, mediante “un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre”, obtener bajas en combate.
A través de la Sala de Reconocimiento de Verdad se detalló que la mayoría de esos crímenes se cometieron en los municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.
No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control
aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Como consecuencia, hasta mujeres y niños fueron presentados como bajas en combate. Los casos documentados por la JEP establecen que al menos 11 niños, cuatro niñas y cinco mujeres se cuentan entre los “falsos positivos” ocurridos en estos años.
En uno de esos hechos incluso se contaron como bajas en combate dos niñas que estudiaban en un colegio del municipio de San Rafael, quienes murieron en medio de una emboscada contra una camioneta que era conducida por un paramilitar.
Estremecedores sucesos sustentan la imputación contra el general en retiro Mario Montoya y otros ocho exmilitares, por los 130 casos de “falsos positivos” ocurridos en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003.
— MiOriente (@MiOriente) August 30, 2023
En uno de esos hechos se contaron como bajas en combate a dos niñas… pic.twitter.com/pRtMrh7sG2
Para la JEP, estos vejámenes se produjeron con base en la presión por los resultados, y hasta por un sistema de recompensas para los militares con incentivos económicos, descansos y evitando ser trasladados a zonas de mayor complejidad de orden público.
En el caso del general (r) Montoya, la JEP lo imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por mentir sobre el número de bajas y encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza
indicó el organismo.
Por estos crímenes, la Jurisdicción Especial para la Paz también imputó al comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda; al comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal; al comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro; al comandante de la batería Cañón, subteniente José Alejandro Ramírez; al comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Germán Guzmán; y al soldado regular Óscar Iván Mayo.
