La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a siete antiguos integrantes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes, homicidio, desaparición forzada, violencia sexual y tortura.
Este bloque, que operaba en regiones como el Oriente Antioqueño, otras subregiones de Antioquia, el norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, fue responsable de más de 300 secuestros, incluidos los del excongresista Óscar Tulio Lizcano y el asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri.
La Sala de Reconocimiento de la JEP, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, analizó 314 hechos documentados y concluyó que estos excombatientes, que llegaron a comandar 3 145 combatientes y 923 milicianos, fueron máximos responsables de la implementación de la política de secuestros de las Farc-EP en la región.
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Entre los crímenes imputados, están los cometidos contra la población civil, como el secuestro y asesinato de personas acusadas de colaborar con el enemigo.
Entre los imputados se encuentra Jesús Mario Arenas, conocido como "Marcos Urbano", quien fue comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas y coordinador de frentes en Medellín y el Oriente Antioqueño. Bajo su mando, el Bloque Noroccidental se convirtió en la segunda estructura guerrillera con más secuestros en el país, controlando territorios clave y enfrentándose a otros grupos armados y a la fuerza pública.
La imputación de la JEP es la tercera de siete que se realizará en el marco del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las Farc-EP. Los excomandantes tienen 30 días para reconocer su responsabilidad o presentar pruebas adicionales. Si reconocen su participación, se llevará a cabo una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, que será seguida por la publicación de una resolución de conclusiones y la imposición de sanciones, que podrían incluir restricciones de libertad y medidas de reparación para las víctimas.
En caso de que los imputados nieguen su responsabilidad, el caso será transferido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde podría desembocar en un juicio similar al de la justicia ordinaria, con penas de hasta 20 años de cárcel para los culpables.
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