En Colombia, trabajar como conductor de plataformas digitales de transporte como Uber, Didi, InDriver o Cabify sigue siendo considerado ilegal y un trabajo informal, a pesar de la popularidad de estas aplicaciones. Esta situación expone a los conductores a sanciones severas bajo el Código Nacional de Tránsito.
Una de las infracciones más comunes es la D12, que sanciona el uso no autorizado de vehículos particulares para actividades de transporte de pasajeros. Esta infracción puede acarrear multas de hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), lo que equivale a aproximadamente $1 300 000, y la inmovilización del vehículo.
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Además, el número de días de inmovilización varía según la cantidad de veces que el conductor haya infringido la norma: 5 días en la primera infracción, 20 en la segunda y 40 en la tercera.
El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece las sanciones según la gravedad de la infracción
• Tipo A: 4 Smdlv ($173 733)
• Tipo B: 8 Smdlv ($346 667)
• Tipo C: 15 Smdlv ($650 000)
• Tipo D: 30 Smdlv ($1 300 000)
• Tipo E: 45 Smdlv ($1 950 000)
Además de las multas y la inmovilización, los conductores reincidentes pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducción por un período que oscila entre seis meses y 25 años.
La Superintendencia de Transporte ha intensificado los controles para combatir el uso ilegal de estas plataformas, recordando que solo los vehículos autorizados pueden ofrecer servicios de transporte público. Esto implica que los conductores que operan sin la debida autorización se exponen a sanciones que incluyen multas significativas y la inmovilización de sus vehículos.
Los pasajeros, aunque no están sujetos a multas directamente, deben ser conscientes de los riesgos que implica usar estas plataformas. Si bien no pueden ser sancionados solo por utilizar el servicio, podrían enfrentar inconvenientes si interactúan de manera irrespetuosa con las autoridades durante un operativo.
Tanto conductores como pasajeros deben estar informados sobre las implicaciones legales del uso de plataformas de transporte no autorizadas en Colombia, ya que su operación en un marco de incertidumbre legal puede acarrear consecuencias graves.
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