JEP concluye que exterminio de la Unión Patriótica fue un genocidio e imputa a cinco exmilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes a cinco militares retirados como máximos responsables de la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica, fundado en 1985 y cuyos miembros fueron asesinados de manera sistemática durante el resto de esa década y la de 1990, por lo que el tribunal calificó este hecho como un genocidio.

Según la JEP, “el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica”, de manera que se constituyó un “genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano”.

Los militares imputados, a título de coautores, fueron altos mandos del Ejército Nacional, con diferentes rangos: el mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río, y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

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Los crímenes habrían hecho parte de “una política contrainsurgente” del Ejército en su lucha contra la guerrilla de las FARC, con la que el partido estaba relacionado al haberse creado en medio de un intento de acuerdo de paz con el Gobierno de Belisario Betancur.

El tribunal documentó que entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido, y que estos casos ocurrieron en 427 municipios del país, incluyendo asimismo todos los niveles de la organización política, la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales.

Producto de ello, “este genocidio dejó al menos 8929 víctimas, de las cuales 5729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual”, señaló la JEP.

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La Jurisdicción Especial para la Paz examinó 34 informes de entidades estatales como la Fiscalía, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica, así como otros 29 informes de organizaciones de víctimas. Además, hizo 139 diligencias de toma de testimonios.

Los cinco militares imputados tendrán un plazo de 30 días manifestar si aceptan la responsabilidad en estos hechos; siendo ese el caso, serán convocados a una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad. De lo contrario, serían remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel en caso de encontrar culpabilidad por parte de los procesados.