El gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un polémico convenio con al menos 800 iglesias registradas en Colombia, según informó El Espectador. Este acuerdo les permitiría contratar con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social, sin tener que pagar impuestos, lo que ha generado controversia en el país.

De este modo, a pesar de que estas instituciones religiosas no pagan impuestos, podrán contratar libremente con el Estado, lo que ha levantado críticas sobre una posible cercanía estratégica del gobierno con los sectores más religiosos. Se especula que esta medida podría ser una estrategia para ganar el apoyo de los siete congresistas del Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, cuya agenda de representación está ligada a lo religioso.

    • Marco Jesús Suárez, director encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos, señaló que se espera que entre 800 y 1.000 iglesias se adhieran al convenio, y que se flexibilizarán los requisitos para que nuevas organizaciones religiosas puedan unirse al proceso, reduciendo el requisito de antigüedad de 20 a 10 años desde su constitución.

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    Esta iniciativa no es nueva, ya que en junio de 2023 ocho iglesias católicas y cristianas firmaron un convenio similar, lo que generó indignación en algunos legisladores como Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, quien acusó al gobierno de haberle “vendido el alma al diablo”. Sin embargo, el Ministerio del Interior justificó esta decisión como un respaldo a la libertad de culto.

    Este acercamiento del ejecutivo con las iglesias ha sido objeto de debate, especialmente porque algunas de las apuestas de estas entidades son contrarias a las del gobierno, como en lo referente al aborto. A pesar de ello, el Ministerio del Interior otorgó facultades a las organizaciones religiosas el año pasado, permitiéndoles celebrar matrimonios con efectos civiles y suscribir contratos con el Estado.

    La creación de iglesias sigue en aumento en Colombia, y ahora tendrán la oportunidad de convertirse en contratistas del Estado, incluso pese a que algunas organizaciones religiosas habían expresado previamente su inconformidad con las reformas legislativas propuestas por el gobierno de Petro.

    Es importante destacar que la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) expresó su inconformidad con las reformas legislativas propuestas por el gobierno en 2023, pero posteriormente, representantes de Colombia Justa Libres y del Mira anunciaron su apoyo a la reforma pensional del gobierno después del acuerdo celebrado entre el Ministerio del Interior y algunas entidades religiosas.

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