El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, radicó una denuncia penal en contra de Viva Air por la presunta comisión de delitos de estafa.
Como consecuencia del intempestivo cierre de las operaciones por parte de la aerolínea Viva Air, los traumatismos, perjuicios causados a miles de colombianos y la evidente paralización en la prestación del transporte aéreo, considerado como un servicio público esencial
indicaron desde el Ministerio de Transporte.
La presunta comisión de los delitos de estafa es agravada en modalidad masa, con ofrecimiento engañoso de productos y servicios y otros.
En este sentido, el Ministerio explicó que:
- La aerolínea Viva Air recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el pasado 27 de febrero de 2023, una suma que asciende (de manera preliminar) a los 272.000 millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes.
- Que la aerolínea Fast Colombia S. A. S. (Viva) mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones, evidenciando dolo por parte de la compañía.
- Que la aerolínea sabiendo que no podía cumplirle a sus usuarios los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podían materializarse.
- Que a la fecha la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerando con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios.
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Las acciones de Viva generaron la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedecieron, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitado meses atrás, expuso el Ministerio de Transporte.
“Confiamos en que la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, determinará no solo si las conductas denunciadas revisten características de delito, sino también, qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos que se han puesto en consideración del ente investigador y acusador por parte del Gobierno”, enfatizaron desde la cartera de Transporte.
